El escrito muestra, en primer lugar, la importancia de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. En segundo lugar, refleja que en la actualidad estos no se encuentran protegidos del todo, en especial en el ámbito del derecho internacional de inversiones. De esta forma los laudos producto de las disputas entre Estados e inversores pueden afectar la instrumentalización de los derechos sociales, ya que restringirían de manera drástica potestades al Estado. En consecuencia, se hace necesario que los árbitros se sometan a los derechos humanos. Para ello, en el Max Planck de derecho público comparado y de derecho internacional se ha desarrollado una teoría conocida como el ius constitutionale commune en América Latina, que permitiría someter a los árbitros no solo a los derechos de las personas, sino que también podría tener en cuenta las decisiones de los tribunales encargados de proteger los derechos humanos v.gr. la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El presente artículo aborda aspectos de una nueva doctrina dentro del campo específico del régimen jurídico de las inmunidades de jurisdicción de las organizaciones internacionales, el cual difiere de otros regímenes existentes en Derecho Internacional, tales como las inmunidades de los Estados. Si bien las teorías mayoritarias en esta materia son la absoluta, la relativa y la funcional, actualmente se está abriendo paso una nueva doctrina denominada por algunos autores y tribunales como quid pro quo. Esta doctrina se ha generado frente a las limitaciones de las doctrinas existentes para resolver plausiblemente cierto tipo de casos caracterizados por acciones judiciales de particulares en contra de organizaciones internacionales, en los cuales los derechos fundamentales y humanos involucrados han requerido ser ponderados frente a los fundamentos de las inmunidades de dichos entes. Este trabajo, luego de explicar sintéticamente las bases de dicha doctrina, busca exponer las principales decisiones judiciales que han recaído en esta clase de casos en Italia y Francia, y desde ahí obtener algunas conclusiones útiles para este campo jurídico

Se estudia el proceso de unificación que sufrió la UE para la adopción del RES 650/2012 que se convierte en un ejemplo para otros ejercicios de DIPr, deteniéndonos en el paradigma de unificación fórum/ius de la residencia habitual del causante o la ley de su nacionalidad en caso de professio iuris. El recorrido comprende los antecedentes de la Conferencia de la Haya de DIPr como base jurídica para la unificación en materia sucesoria; el proceso en Europa que llevó a la unificación y un análisis de los rasgos que caracterizan los factores de atribución de competencia y de determinación de la ley aplicable. Se concluye que el gran logro de un instrumento de esta naturaleza sólo se compara con el reto de su implementación que pasa por el reconocimiento del Certificado Sucesorio Europeo (CSE) en los 25 países, así como su adaptabilidad a otros reglamentos de materias conexas como el Reglamento de regímenes matrimoniales (RREM, 2016/1103) y la cobertura de otros fenómenos sociales emergentes, retos para los cuales jugará un papel determinante la jurisprudencia del TJEU.

En razón del reproche de la sociedad mundial por el aumento en las tasas impositivas al consumo y al ahorro, en consecuencia de la disminución en los ingresos fiscales en la mayoría de los países del orbe como resultado de los recientes modelos de negocios y sus cadenas de valor de las empresas globales, a través de los cuales se genera la mayor parte de la riqueza, distintos miembros de la comunidad internacional reclaman a los gobiernos y organismos internacionales el diseño de normas que regulen la fiscalidad de las transacciones comerciales-financieras desarrolladas en el escenario económico global. De ahí que, mediante mandato de los países del G20[1], en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (en adelante OCDE) se diseñan y se aprueban las medidas del “Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios” (en adelante Plan de Acción OCDE/G20 o proyecto beps), en las que se concibe una nueva era en la tributación internacional, caracterizada por impulsar el cumplimiento tributario, el límite de las estrategias artificiosas de planeación fiscal para disminuir el pago de impuestos a la renta societaria, y el establecimiento del lenguaje fiscal universal.      En tanto, es justo que se vaticine el nacimiento del orden jurídico de tributación internacional construido mediante disposiciones gestadas en el seno de organismos supranacionales, conocidas en el ámbito académico como soft law, en virtud de ser adoptadas por un número importante de legislaciones nacionales.   [1]              El grupo denominado como G20 se integra por Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, República de Corea, Rusia, Sudáfrica, Turquía, y los países de la Unión Europea.