En este artículo se analizan las posibles limitaciones que enfrentaría la instauración de una comisión de la verdad, que garantice a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, cometidas por el accionar paramilitar en Colombia, el acceso a los derechos de verdad, justicia y reparación avanzando hacia la implantación de un modelo de justicia transicional y justicia restaurativa.   

Existe una fuerte preocupación por parte de los Estados acerca de la cuestión migratoria. En tanto en que ésta se convierte de una fuerza generadora de transformaciones sociales, políticas y económicas, también representan un reto para el Estado tradicional que bajo contextos democráticos no favorece sin embargo institucionalmente la implantación de modelos más pluralistas que favorezcan la inclusión de los migrantes bajo ciertas condiciones. La dificultad de implementar estos modelos radica no sólo en los posibles resultados de las nuevas relaciones que se generan, sino también en la combinación sistemática de hábitos y estructuras sociales que generan una cultura, siendo el significado simbólico de la identidad —pública y privada— la que da sentido al proceso adaptativo y asimilatorio de esos migrantes. Por lo que la migración ha tenido un efecto bipolar, por una parte favorece la propiciación de flexibilidad institucional que favorezca un sistema más plural en sentido político, por parte de los estados, pero también ha impulsado la idea de que existen identidades colectivas ajenas a lo nacional, que ponen en riesgo la cohesión social dentro de un Estado-nación.